Agosto 25, 2009
“¿Faltó algún diputado por votar?”, preguntó el secretario de la mesa directiva del Congreso del Estado. “¡El pueblo! ¡El pueblo al que nunca toman en cuenta!”, se escuchó un griterío en las tribunas del recinto legislativo. Como si aquella gente no existiera, ni el pueblo al que se referían, el diputado secretario continuó el guión de su “squetch” para dar por concluida la votación y ceder la palabra al presidente de la mesa directiva, quien declaró aprobado por 23 votos a favor y dos en contra, un crédito por mil 500 millones de pesos para el gobernador Marcelo de los Santos. Era el 5 de agosto. A 52 días del término de la administración quedaban atrás 2 mil 140 días de derroche y abusos en el ejercicio del gasto público. La forma en que procedían los diputados para aprobar la voluntad de su “señor Gobernador” anunciaba un último estirón de derroches y abusos que ignoraba formas legales y morales. Para cubrir la legalidad en la solicitud del crédito, Marcelo de los Santos no necesitaba recurrir a la totalidad de su gestión, le bastaba con haber cubierto previsiones legales correspondientes a los últimos 217 días, es decir, a lo ocurrido durante este año. Un primer punto de ilegalidad en la tramitación de este crédito tiene que ver con que no se puede contratar deuda para pagar pasivos, ni para financiar gasto corriente. La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal es precisa al señalar que, en el caso de contingencias por caída en los ingresos públicos, éstas se deben enfrentar, antes de recurrir a la salida fácil del endeudamiento, con medidas cronológicamente subsecuentes: 1. Recortar el gasto corriente 2. Suspender obra pública no prioritaria 3. Suspender obra pública de menor impacto social En consecuencia, la solicitud de autorización para el crédito de mil 500 millones de pesos debió incorporar entre su exposición de motivos y justificación, la acreditación plena de que se cubrió con las medidas previas que plantea la Ley. Como tal circunstancia no se ve reflejada en el dictamen que el Congreso del Estado aprobó para autorizar el crédito, de concretarse –si encuentra Marcelo de los Santos institución que se los preste–, se convertiría en una deuda ilegal que su sucesor, Fernando Toranzo Fernández, podría justificadamente desconocer e iniciar juicio de responsabilidades. Pero los diputados no sólo ignoraron los gritos que pedían que se tomara en cuenta al pueblo al momento de tomar la decisión, sino que mostraron que los informes financieros que les presenta el Ejecutivo sólo los reciben para adornar sus escritorios y libreros de sus oficinas: en el último informe financiero se refleja que Gobierno del Estado mantiene 507 millones de pesos en caja. ¿Porqué pedir un préstamo cuando se cuenta con ese monto en caja? ¿Porqué pedir una línea de crédito cuando además se argumenta que la venta de los invernaderos de Santa Rita les dejaría 300 millones de pesos para usarlos para disminuir la nueva deuda? ¿Esos dos fondos no habrían sido suficientes para evitar el endeudamiento? La explicación la encuentra Fernando Almazán, quien se ha especializado en dar seguimiento a las cuentas del actual gobierno estatal, en el derroche en que se ha incurrido en los 2 mil 140 días anteriores a la aprobación del crédito y no en lo ocurrido este año. Tras revisar el resultado de cada uno de los ejercicios presupuestales, Almazán detectó que el gobierno de Marcelo de los Santos acumulaba un déficit creciente que para el 2008 alcanzó un total de mil 904 millones de pesos. De acuerdo a los informes financieros estatales del primer semestre de este año, el gobierno estatal intentó recuperar el déficit al dejar de ejercer 508 millones de pesos, pero no fue suficiente para tapar el hoyo que habían hecho. La solicitud del crédito por mil 500 millones cuenta así con una razón que no es la que se planteó en la solicitud presentada por el Ejecutivo al Congreso del Estado, pero sí que da cuenta de que muy posiblemente Marcelo de los Santos aprovechó la situación de crisis que se vive para cubrir los déficits en que incurrió. Capítulo aparte resulta la falta de claridad en el dictamen, que no señala específicamente para qué se destinarán los recursos de la nueva deuda como ordena la Ley de Deuda Pública, sino que se limita a señalar los montos para cada eje rector en los que organizó su gasto la actual administración. Señalar eso y no mencionar renglones específicos de aplicación, da lo mismo. Sobregiros… deuda para el derroche Una frase en el artículo segundo del decreto que autoriza la nueva deuda abre la sospecha de que esos recursos se destinarán a cubrir el derroche que ha caracterizado a Marcelo de los Santos al indicar que el crédito se “destinará para cumplir con las obligaciones financieras que tiene el ejecutivo estatal en materia de inversión pública productiva”. Para todos los potosinos es evidente que para Marcelo de los Santos, inversión pública productiva es sinónimo de construcción de puentes, museos y centros de artes y convenciones, y apoyo al deporte profesional, en tanto que en su catálogo ocupan un lugar marginal los servicios de agua potable y la atención a las comunidades indígenas. Tal percepción se encuentra plenamente acreditada en el informe financiero del segundo semestre 2009 de la actual administración: en el renglón de Desarrollo Urbano (en el que se encuentran las obras favoritas del gobernador) se ha ejercido el 257.66 por ciento del presupuesto autorizado, en tanto que en el de Agua apenas el 8.76 por ciento y en el de Comunidades Indígenas el… 2.22 por ciento! Al revisar el detalle en cada uno de estos rubros, destaca que en el renglón de inversión pública de Desarrollo Urbano se ha ejercido el 542.6 por ciento de lo presupuestado, en tanto que en ese mismo renglón de agua apenas se ha aplicado el 2.92 por ciento, y en el de Comunidades Indígenas el 1.39 por ciento. Un contraste indignante entre lo ejercido en inversión pública en el rubro favorito del gobernador lo representa el porcentaje ejercido de lo presupuestado para inversión pública en el rubro de Combate a la Pobreza: 1.93 por ciento contra el 542.6 por ciento de Desarrollo Urbano (léase Centro de Convenciones, museos y otros) A estos contrastes, habrá que agregar el sobregiro que representan otros dos renglones favoritos de Marcelo de los Santos: Cultura y Deporte. Lo ejercido en inversión pública en materia de Cultura representa el 466.72 por ciento de lo presupuestado, en tanto que en el caso de Deporte, lo ejercido representa el 118.74 por ciento de lo que se planeo gastar durante todo el año. Así, tal vez la actitud del gobierno de Marcelo de los Santos se parezca a la de un padre de familia irresponsable que gasta su dinero en lujos y parrandas y se desentiende de alimentar a sus hijos. O como señalara Claudio Aponte Rojas, contador mayor de Hacienda durante el gobierno del ex presidente Luis Echeverría Alvarez: “es el robo más grande que se ha hecho en San Luis Potosí”. “Es un caso ‘extraordinariamente interesante e importante para poner una muestra a nivel nacional y meter a la cárcel a toda esta pléyade de funcionarios, comenzando con el gobernador Marcelo de los Santos Fraga y el secretario de Finanzas, Joel Azuara Robles, los diputados del Poder Legislativo de San Luis Potosí y demás funcionarios que hayan intervenido en ese préstamo desfasado por los tiempos de término de la actual administración gubernamental, que se hará en pocos días’”, declaró el ex funcionario en La Jornada San Luis. Envíenos su comentarioThank you, your message has been sent
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