Acción Ciudadana dirigió al gobernador Fernando Toranzo Fernández una Carta Abierta para protestar por la represión policiaca que se registró en la comunidad de El Jaralito el pasado 12 de octubre, en la que fue asesinado Gerardo Martínez, de 19 años de edad y se atacó impunemente a la población que se opone a la contrucción de un relleno sanitario en su comunidad. El siguiente es el texto de la Carta Abierta entregada en el despacho del gobernador.
DR. FERNANDO TORANZO FERNÁNDEZ Gobernador Constitucional del Estado Presente
Atentos a los lamentables hechos de violencia y brutalidad policiaca que vivieron los habitantes de El Jaralito el pasado 12 de octubre, en Acción Ciudadana nos sentimos alarmados ante las señales de que su gobierno se aleja de los compromisos que firmó el 31 de marzo de 2009, en su entonces condición de candidato a gobernador: “Gobernaré con respeto absoluto a la ley anteponiendo en todos mis actos de gobierno los principios de la ética y de la justicia”. “Trabajaré con eficiencia para mejorar y depurar el aparato de procuración de justicia, para hacerla rápida y expedita y honrar en los hechos su alto valor”. “Aplicaré los recursos públicos de manera que el gasto se ejecute con eficiencia y sobriedad, destinando mayores recursos a los sectores marginados de la población…” Nos resulta necesario recordarle específicamente estos compromisos ante los recientes acontecimientos que ni honran el alto valor de la justicia ni favorecen a los sectores marginados, sino que más bien los agreden. Nos referimos específicamente al caso del homicidio y la agresión por parte de cuerpos policiacos estatales en contra de la comunidad de El Jaralito, que representa un caso emblemático de la forma en que la autoridad tiende a favorecer los intereses de empresas particulares por encima de los de la población, incluso utilizando los cuerpos policiacos. Lo consideramos emblemático porque presenta muchas características similares a la de tantos otros casos como, por citar algunos, la Minera San Xavier, la concesión del servicio de agua potable a la empresa Aguas del Poniente, Ciudad Satélite, etc. Y preocupa porque es una acción que avala la visión neoliberal de la anterior administraciòn municipal de privatizar servicios municipales mediante procesos en los que ha privado la corrupciòn y el desaseo por parte de los concesionarios y las propias autoridades. Más allá de la determinación de a quien corresponde la razón jurídica en el conflicto de El Jaralito, lo verdaderamente grave que vimos el día 12 de octubre, y que debe de preocupar a toda la ciudadanía, fue la puesta en marcha de un operativo policíaco sin el menor indicio de intenciones por evitar la violencia, sino con toda la intención de reprimir y amedrentar a la población del lugar para hacerla desistir de sus protestas. Ya no sólo se criminaliza la protesta social, sino que ahora también se le reprime y con violencia. Ese es el mensaje que han dejado estos acontecimientos y no hay señales de que su gobierno corrija el rumbo. ¿Cuántos casos podríamos enlistar con el riesgo de padecer lo que padecieron los habitantes de El Jaralito? Un principio básico, como bien lo firmó en la carta compromiso ya citada, es proteger a los sectores más vulnerables, así como aplicar el principio de la subsidiaridad. El operativo policiaco no protegió a la población, por lo que no encontramos explicación ni justificación en cuanto a la intervención de las fuerzas policiacas del Estado y su brutal actuar. Más aún, cuando la represión se da para imponer un proyecto empresarial que rompe con el principio de subsidiaridad. Despedir a dos funcionarios con una jugosa liquidación de por medio no es algo que honre a la justicia y sí un acto que, ante el hecho de no deslindar responsabilidades y no aplicar sanciones, deja abierta la puerta para nuevos actos de represión, y mantiene intactas las recurrentes irregularidades en la aplicación de las normas ambientales con aberraciones como autorizar un relleno sanitario en una zona ecológica y en predios que no cuentan con el cambio de uso de suelo ni con licencia de construcción. Vivimos en el país un clima en el que el crimen organizado ha sembrado entre los mexicanos el temor de verse involuntariamente en medio de hechos violentos. El colmo ahora resulta que a ese temor debemos añadir el del riesgo de convertirnos en víctimas de la violencia por parte de la autoridad como respuesta a la manifestación de nuestra intención hacer valer nuestros derechos.
Dr. Toranzo: Hechos como los ocurridos en El Jaralito no pueden quedar impunes. Le demandamos que ordene una investigación auténtica para deslindar responsabilidades penales, civiles, administrativas y ecológicas, y que se castigue efectivamente a los culpables de estos lamentables hechos, no sólo policiacos sino también administrativos. Exigimos que se de la reparación del daño, se indemnice a todos los afectados y se reintegre a la sociedad la confianza en sus autoridades y se elimine toda posibilidad de padecer una represión gubernamental. Acciones como la de El Jaralito parecían cosa del pasado, entre las que destaca la golpiza del primero de enero de 1986 a manifestantes contra la imposición del Lic. Guillermo Medina de los Santos como alcalde, que marcó el destino del entonces gobernador Florencio Salazar Martínez. El Jaralito es una comunidad marginada que tal vez no convoque la reacción de otros sectores de la población para que se unan a sus protestas y hoy a su necesidad de justicia ante la agresión, por lo que lo exhortamos a que honre su palabra de trabajar a favor de los marginados, reflexione y corrija el rumbo para no convertir el regreso del PRI a la gubernatura del estado en el extraño retorno de la represión gubernamental en tiempos de avances democráticos.